Un nuevo estudio internacional ubica al país por cuarto año consecutivo en el primer lugar regional. Sin embargo, advierte que la tecnología todavía tiene una presencia limitada en las empresas y que persisten desafíos para aprovechar todo su potencial.

Chile volvió a posicionarse como el país mejor evaluado de América Latina y el Caribe en inteligencia artificial (IA), una tecnología que está transformando la manera de trabajar, estudiar, investigar y desarrollar negocios. Sin embargo, el nuevo informe también revela una importante contradicción: aunque el país lidera la región, todavía tiene dificultades para llevar estos avances a la vida cotidiana y al mundo productivo.

Así lo establece el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, presentado este martes por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El estudio evaluó a 20 países, considerando su infraestructura tecnológica, investigación, formación de especialistas, uso de inteligencia artificial y políticas públicas.

Chile obtuvo 71,4 puntos, superando a Brasil, con 68,4, y Uruguay, con 67. Los tres países integran el grupo de los denominados «pioneros», es decir, aquellos que presentan los mayores avances en el desarrollo de esta tecnología.

El gran desafío está en las empresas

Uno de los resultados más llamativos del informe es la distancia que existe entre el desarrollo de la inteligencia artificial y su utilización efectiva en los negocios.

En Chile, la adopción empresarial alcanza apenas un 13,5%, mientras que en América Latina y el Caribe solo el 27,6% de las grandes empresas utiliza esta tecnología. La cifra cae al 12,8% entre las medianas y a un reducido 6,8% en las pequeñas.

Esto significa que herramientas capaces de automatizar tareas, analizar información, mejorar la atención de clientes o aumentar la productividad todavía están lejos de convertirse en una práctica habitual para gran parte del comercio y los emprendimientos.

La diferencia también se observa al comparar la región con países como Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur, donde el uso de inteligencia artificial alcanza, en promedio, al 66% de las grandes empresas, al 41% de las medianas y al 24% de las pequeñas.

Más inteligencia artificial en colegios y universidades

El estudio también muestra avances importantes en educación. Actualmente, 11 de los 20 países analizados incorporan contenidos de inteligencia artificial en sus programas escolares, frente a solo dos que lo hacían en 2024.

Además, todos los países evaluados cuentan con programas de magíster vinculados a esta tecnología y 14 ofrecen doctorados, lo que refleja un creciente interés por formar especialistas.

Para el director de CENIA, Álvaro Soto, este avance exige preparar a las nuevas generaciones para un escenario en el que la inteligencia artificial estará presente en numerosos ámbitos de la vida.

“Necesitamos preparar a nuestras nuevas generaciones para una nueva sociedad”, señaló, destacando que esta tecnología tendrá aplicaciones en hospitales, colegios y hogares.

Chile investiga mucho, pero necesita más capacidad tecnológica

Otro de los puntos destacados es el desempeño científico nacional. Chile registra la mayor producción de publicaciones sobre inteligencia artificial de la región, con 41,9 investigaciones por cada millón de habitantes.

Sin embargo, existen limitaciones importantes. El país concentra apenas el 2,1% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de América Latina y el Caribe, equipos fundamentales para entrenar y ejecutar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

A esto se suma que la inversión nacional en investigación y desarrollo equivale al 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la estrategia chilena de inteligencia artificial todavía no cuenta con un presupuesto de implementación definido, según el informe.

¿Qué significa este liderazgo para las personas?

El primer lugar de Chile demuestra que el país dispone de capacidades científicas, profesionales e institucionales para desarrollar inteligencia artificial. Pero también deja en evidencia que ocupar una posición destacada en un ranking no significa que sus beneficios estén llegando por igual a trabajadores, estudiantes, pequeños empresarios y comunidades.

El desafío es convertir ese desarrollo en aplicaciones concretas: mejores servicios, procesos más eficientes, nuevas oportunidades de empleo y herramientas accesibles para empresas de todos los tamaños.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, advirtió que no basta con acceder a estas tecnologías. Su incorporación debe responder a las necesidades de desarrollo de cada país para evitar que se profundicen las desigualdades.

El ILIA 2026 plantea que el futuro de la inteligencia artificial en América Latina dependerá también de la cooperación entre países, especialmente para compartir conocimientos, infraestructura y datos.

Por ahora, Chile encabeza la carrera regional, pero el desafío más importante será conseguir que ese liderazgo se traduzca en beneficios concretos para la población.

Los primeros pagos se realizarán entre el 19 y el 23 de octubre, mientras que la segunda cuota llegará en enero de 2027. Quienes todavía no han postulado tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

Después de más de cuatro décadas de espera, 86 profesores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena comenzarán a recibir esta semana una esperada reparación económica por la denominada deuda histórica docente. El beneficio contempla un aporte total de $4.500.000 por persona, distribuido en dos cuotas y reajustado según el IPC.

El proceso comienza este lunes 19 de octubre y forma parte de la segunda etapa de implementación de la Ley N°21.728, promulgada en 2025 para compensar a los docentes afectados por el traspaso de la educación pública a las municipalidades durante la década de 1980.

A nivel nacional, serán 6.300 los profesores que accederán al aporte en esta oportunidad. De ellos, 86 corresponden a Magallanes, una región donde también persiste la demanda de reparación por una deuda que se arrastra desde hace más de 40 años.

Cuándo recibirán los $4,5 millones

La Tesorería General de la República realizará el pago de la primera cuota entre el 19 y el 23 de octubre, mediante depósitos en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios durante su inscripción.

Quienes no hayan registrado una cuenta bancaria válida podrán solicitar el pago presencialmente en cualquier sucursal de BancoEstado.

La segunda cuota se entregará en enero de 2027. Sumando ambos pagos, cada beneficiario recibirá $4.500.000, con los reajustes correspondientes según la variación del IPC.

Atención profesores que todavía no han postulado

Aunque los beneficiarios de esta etapa ya fueron seleccionados, los docentes que aún no han presentado sus antecedentes tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el trámite.

La postulación se efectúa en la plataforma oficial soluciondeudahistorica.mineduc.cl, utilizando RUT y Clave Única. En el mismo sitio, quienes ya completaron el procedimiento pueden revisar el estado de su solicitud.

En el caso de profesores que hayan presentado demandas contra el Estado relacionadas con esta deuda, la ley exige formalizar el desistimiento de las acciones judiciales para acceder al beneficio, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos.

La reparación continuará hasta 2030

El pago de la deuda histórica se realizará progresivamente hasta 2030, mediante grupos anuales de beneficiarios que serán definidos priorizando a los docentes de mayor edad que cumplan las condiciones legales.

La proyección nacional considera a más de 57 mil profesores, quienes podrán acceder a esta compensación económica durante los próximos años.

Para los 86 docentes de Magallanes incluidos en esta etapa, octubre marca el inicio de una reparación largamente esperada, tras décadas de gestiones y demandas para obtener una respuesta del Estado.

A través de esta acción, el Servicio busca verificar que el comercio cumpla con las exigencias que establece la Ley del Consumidor y el Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Además, el ente fiscalizador revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de este tipo de implementos.

La Ley del Tránsito exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive, de estatura inferior a 135 cm y/o peso menor o igual a 33 kilogramos.

El SERNAC inició un proceso de fiscalización a las grandes tiendas y comercios especializados en artículos infantiles, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las exigencias que establece la Ley del Consumidor en la venta de Sistemas de Retención Infantil (SRI), más conocidas como sillas de autos infantiles.

A través de esta fiscalización, de alcance nacional, el Servicio revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de estos productos.

De esta forma, el SERNAC busca garantizar el derecho de los consumidores a una información veraz y oportuna, junto con proteger la seguridad de los niños y niñas que viajan en vehículos livianos de acuerdo a las exigencias del Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (CONASET).

Advertencias de Seguridad:

En Chile, la Ley de Tránsito chilena exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive o de estatura inferior a 135 cm, y peso menor o igual a 33 kilogramos de peso que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos.

Adicionalmente, desde mayo del año 2016 entró en vigencia un nuevo decreto que hace obligatorio que todas las sillas de niños que se comercialicen en Chile cumplan con las normativas de seguridad vigentes en Europa y Estados Unidos.

Esta exigencia garantiza que los sistemas de retención infantil hayan sido sometidos a ensayos de comportamiento ante impactos, así como a pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material.

Ejes fiscalización del SERNAC

El foco de la fiscalización del SERNAC estará en una serie de aspectos relevantes, entre ellos, el deber de rotulado establecido en la Ley del Consumidor y lo que establece el Decreto 176/2006).

Recordemos que la norma sectorial establece que las sillas de seguridad infantil deben contar con una etiqueta física, adherida de forma permanente, de color amarillo obligado, con dimensiones mínimas de 7 cm de ancho por 8 cm de alto y letras negras.

Dicha etiqueta debe contener de forma clara el código impreso de acreditación oficial expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones / CONASET.

Entre los principales ejes a fiscalizar por parte del SERNAC destacan:

Orientación mirando hacia atrás: Etiqueta obligatoria y visible que advierta explícitamente sobre el peligro de colocar la silla mirando hacia atrás en asientos equipados con bolsa de aire (airbag) frontal activa, debido al riesgo de daño grave o muerte.

Límites de peso y talla: Advertencia de que la silla no debe ser orientada hacia adelante si el niño no alcanza el peso o talla mínimo fijado por el fabricante.

Manuales de instrucciones en castellano: Toda la información técnica, advertencias de instalación, fijación de arneses y fecha de vencimiento debe estar disponible en idioma castellano y expresada en términos legibles y de fácil comprensión.

Listado de sillas acreditadas: Verificar si el modelo de SRI fiscalizado se encuentra o no dentro del listado de sillas acreditadas que mantiene CONASET en su sitio web.

Recomendaciones al momento de comprar una silla para niños

Para orientar a los padres y madres al momento de adquirir un Sistema de Retención Infantil, el SERNAC entrega las siguientes recomendaciones prácticas:

Exigir la Etiqueta Amarilla: Antes de comprar, verifique que la silla tenga la etiqueta amarilla adherida a su estructura. Compruebe que incluya el código de acreditación oficial de CONASET.

Consultar si la silla seleccionada se encuentra en el Listado Oficial de Acreditación: Verifique en el sitio web oficial de CONASET (www.conaset.cl/sillas-acreditadas/) que la marca y el modelo exacto que está adquiriendo se encuentre acreditado.

Revisar que el tipo de sistema de retención infantil sea apropiado para los menores que lo utilizarán, acorde a su edad, peso, estatura, y el tipo de vehículo.

Revisar la compatibilidad y el airbag: Si el niño o bebé viajará mirando hacia atrás, jamás instale la silla en un asiento con airbag frontal activo.

Atención a la fecha de vencimiento y reemplazo: Las sillas de autos tienen fecha de caducidad indicada por el fabricante. Además, la normativa indica que toda silla que haya estado involucrada en un accidente o colisión de impacto debe ser reemplazada inmediatamente, aunque no presente daños visibles a simple vista.

Manual de instrucciones obligatorio: Exija siempre el manual impreso en español. Un ajuste inadecuado del arnés o del cinturón de seguridad anula la efectividad del sistema de protección.

Durante el despliegue se revisan aspectos relacionados con la información veraz y oportuna, publicidad y seguridad en el consumo.

El objetivo de esta acción es corroborar la conducta de los proveedores de este mercado y revisar el cumplimiento de la Ley N° 19.496.

Preliminarmente se han detectado faltas al deber de información principalmente, la no exhibición de precios asociados a los servicios ofrecidos.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un despliegue nacional de fiscalización, dirigido al mercado de cuidado de mascotas, específicamente en clínicas veterinarias y centros de atención veterinaria.

El objetivo de esta acción es corroborar la conducta de los proveedores de este mercado y revisar el cumplimiento de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC).

Durante el despliegue el Servicio revisa aspectos relevantes relacionados con la Información veraz y oportuna, tales como la identificación del jefe de local, la exhibición de precios, también en materia de publicidad, promociones y ofertas y sobre el cumplimiento del ofrecimiento de algunas veterinarias del servicio 24/7; así como la Seguridad en el Consumo, verificando que los centros de atención entreguen información clara sobre a las características, riesgos y cuidados derivados de la ejecución del servicio, que cuenten con los registros y autorizaciones que la normativa les exige, así como con la atención de profesionales calificados.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Si bien el despliegue nacional se encuentra en pleno desarrollo por parte de los equipos fiscalizadores de SERNAC, algunas observaciones preliminares dicen relación con:

La falta de información de precios de los servicios ofrecidos y la identificación del jefe de local. Siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible y accesible. La práctica extendida es entregar valores únicamente de forma verbal o mediante presupuestos al momento de la atención.

Un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.

Como aspecto positivo, la totalidad de las clínicas fiscalizadas cumple con la exigencia de aplicar formularios de Consentimiento Informado escrito previo a intervenciones quirúrgicas o de sedación.

Una vez que el despliegue nacional finalice y se analicen la totalidad de los hallazgos, SERNAC definirá las acciones legales, en caso de que corresponda, contra aquellos proveedores que afecten gravemente los derechos de las personas consumidoras.

Por David Burrieza, director de Mercados de Energía, Telco e Industria para Perú y Cono Sur en Minsait

América Latina y Chile están avanzando hacia una mayor digitalización de sus redes eléctricas. La incorporación de nuevas tecnologías en la medición del consumo abre una oportunidad para transformar la relación entre las distribuidoras, las redes y los usuarios. Pero hay una pregunta que debiéramos hacernos antes de concentrar toda la atención en la instalación de nuevos dispositivos: ¿qué haremos con toda la información que esos medidores serán capaces de generar?

La conversación sobre medición inteligente suele concentrarse en el medidor. Es comprensible: es el elemento visible de esta transformación y el que se encuentra directamente con el usuario. Sin embargo, instalar un dispositivo capaz de transmitir información de manera remota es apenas el primer paso.

Un medidor inteligente puede entregar lecturas de consumo, registrar eventos, generar alarmas y reportar interrupciones del suministro. Si esa capacidad se multiplica por cientos de miles o millones de clientes, el resultado es un volumen de información que debe ser capturado, validado, procesado y puesto a disposición de los sistemas y personas que necesitan utilizarlo.

Ahí comienza el verdadero desafío. La medición inteligente no consiste únicamente en obtener más datos, sino en conseguir que esos datos tengan calidad y puedan transformarse en información útil. Si no se validan, integran o distribuyen correctamente hacia los sistemas comerciales y operativos, buena parte del potencial de esta tecnología puede perderse.

La experiencia internacional muestra que una adecuada gestión de la información puede generar beneficios concretos. El desarrollo de proyectos de Smart Metering, ha comprobado que, dependiendo de las características de cada operación, una correcta gestión de los datos puede contribuir a reducir pérdidas técnicas y no técnicas, disminuir los costos asociados a la lectura manual y mejorar los procesos vinculados a la facturación.

Para conseguirlo, no basta con el medidor. Se requiere una arquitectura tecnológica capaz de gestionar millones de registros, identificar inconsistencias, integrar distintas fuentes de información y entregar datos confiables a las áreas que deben tomar decisiones. En ese ecosistema cumplen un papel relevante tecnologías como los sistemas de gestión de datos de medición (MDM), las plataformas de recolección de información (MDC) y las herramientas de analítica.

Cuando estas capacidades funcionan de manera integrada, las distribuidoras pueden pasar de una gestión principalmente reactiva a una más anticipatoria. La información permite conocer mejor los patrones de consumo, identificar comportamientos anómalos, detectar pérdidas con mayor rapidez, optimizar la planificación de las redes y mejorar la respuesta frente a interrupciones.

También abre nuevas posibilidades para los usuarios. Una medición más frecuente y precisa puede entregarles mayor información sobre sus propios patrones de consumo y, con ello, facilitar decisiones relacionadas con eficiencia energética, gestión de la demanda y uso responsable de la electricidad.

Chile tiene una oportunidad relevante en este proceso. La discusión sobre la modernización de las redes no debiera limitarse a cuántos medidores inteligentes se instalan, sino también a qué capacidades se desarrollan para aprovechar la información que esos dispositivos producirán todos los días.

Después de más de 25 años desarrollando proyectos de Smart Metering y gestionando más de 20 millones de medidores inteligentes en Europa y América Latina, hemos comprobado que la transformación digital de las redes eléctricas no comienza cuando se instala el primer medidor, sino cuando las empresas aprenden a convertir millones de datos en mejores decisiones.

El desafío para Chile, entonces, no es solamente tener medidores más inteligentes. Es construir una infraestructura de datos capaz de hacer que esa inteligencia se traduzca en una red eléctrica más eficiente, más informada y preparada para las necesidades del futuro.

Reducir los tiempos de aprobación regulatoria, fomentar la confianza entre instituciones y acelerar la adopción de biosimilares: así describen especialistas, autoridades y organizaciones de pacientes el camino para sostener y expandir el acceso a tratamientos en un contexto de estrechez fiscal.

En un escenario marcado por crecientes desafíos para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los pacientes, y en medio de mayores restricciones presupuestarias, el Capítulo Chileno de ISPOR realizó el encuentro científico “Transformando el acceso a medicamentos mediante confianza regulatoria”. La jornada reunió a diversos actores del ecosistema sanitario para abordar una pregunta clave: cómo acelerar el acceso a medicamentos, particularmente a los biosimilares, cuya adopción representa una oportunidad concreta para ampliar las alternativas terapéuticas, promover la competencia y facilitar que más personas accedan oportunamente a tratamientos.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo para ampliar la disponibilidad de terapias que contribuyan tanto a la sostenibilidad del sistema sanitario como a la continuidad de la atención de los pacientes, respondiendo a necesidades aún no cubiertas mediante un uso responsable de los recursos públicos.

El acceso a medicamentos de buena calidad es un tema que debe considerar el aspecto financiero y regulatorio, planteó César Oyarzo, director de Fonasa. “En el ámbito económico, el acceso depende fundamentalmente de la capacidad que tiene hoy el Estado de entregar medicamentos de alto costo a través de sus distintas regulaciones y en el aspecto regulatorio, es esencial contar hoy con una estructura de autorizaciones que aumente la posibilidad de disponer de medicamentos alternativos como los biosimilares; esto constituye un elemento central para aumentar el acceso de los chilenos a medicamentos”.

Rony Lenz, Past president de ISPOR Chile y director de Postgrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, moderó el encuentro y destacó la relevancia de avanzar hacia una mayor penetración de medicamentos biosimilares, especialmente en el contexto económico actual. “Si bien el sector salud tendrá un crecimiento superior al PIB hay una situación de estrechez en el país y necesitamos generar ahorros que permitan seguir expandiendo el acceso de pacientes a coberturas debido a la tendencia creciente en diagnósticos de cáncer, así como de enfermedades derivadas del envejecimiento de la población”, explicó.

En esa línea, Jorge Canales, jefe del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) del Instituto de Salud Pública (ISP) sostuvo que uno de los principales desafíos es la coordinación entre los distintos actores involucrados en el acceso a medicamentos, desde las entidades regulatorias responsables del registro sanitario hasta quienes diseñan e implementan políticas públicas orientadas a evaluar y maximizar el impacto de estas terapias en la población. “Mientras no se establezcan normas sobre los productos disponibles para prescripción, un biosimilar será aprobado regulatoriamente y tendrá calidad garantizada, pero no habrá un impacto real hasta que no haya una prescripción de ese producto por una política pública”.

La actividad fue desarrollada con el apoyo de Sandoz y Abbott y convocó a autoridades, asociaciones de pacientes, representantes del sector salud, la academia y la industria.

Confianza regulatoria

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis del valor de la confianza regulatoria como herramienta para la aprobación de medicamentos. Este enfoque puede contribuir a optimizar procesos, fortalecer capacidades institucionales y reducir los tiempos de evaluación, sin comprometer el rigor técnico necesario para la obtención del registro sanitario.

En este contexto, Thomas Kirchlechner, miembro del Comité de Biosimilares de la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (IGBA) y director de Asuntos Regulatorios de Sandoz Global, sostuvo que “hoy estamos en un momento clave para fortalecer la confianza regulatoria como un mecanismo facilitador de acceso a biosimilares. Es necesario abordar en Chile iniciativas como la simplificación (streamline) de requisitos para el desarrollo de biosimilares, que está siendo parte de las agendas de las agencias regulatorias más reconocidas como la EMA, FDA y Reino Unido. Con ello, se reducen los tiempos de aprobación regulatoria, manteniendo la confianza en las aprobaciones para que los medicamentos estén disponibles en los mercados anticipadamente y puedan ser una opción oportuna para los pacientes”.

Desde la perspectiva de los pacientes, Francisco Vidangossy, presidente de CancerVida, subrayó la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar en la educación de los distintos actores involucrados. “Si existe una brecha financiera, ¿por qué no incorporar la tecnología que ofrecen los biosimilares si es más económica y apoyar ese financiamiento? Junto con ello, es relevante informar al paciente cuando inicia un tratamiento o si se realiza un cambio (switch) a biosimilar y el sistema público tendrá también que educar al médico, para informar que el país dispone de estas terapias, considerando que las instituciones ya garantizaron que son de calidad, seguras y eficaces”, afirmó.

Otra de las reflexiones fue respecto del impacto que pueden generar las decisiones públicas en el acceso a tratamientos. Héctor Hernández, jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios de Cenabast, destacó que “el año pasado la entidad generó un menor gasto por 860 millones de dólares, que se destinarán a nuevas prestaciones de salud y la adquisición de una mayor cantidad de medicamentos para las personas. En ello, la sociedad civil es clave, junto al Ministerio de Salud, Fonasa, el ISP y los centros asistenciales porque es un trabajo colaborativo”.

La instancia concluyó con un llamado a seguir avanzando hacia políticas públicas y estrategias sanitarias que favorezcan una adopción más ágil de nuevas terapias y en un contexto que exige soluciones colaborativas, eficientes y de alto impacto sanitario.

Para enfrentar esta problemática muchas veces invisibilizada, autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, especialistas y pacientes se reunieron en una Mesa de Diálogo para avanzar hacia un registro nacional de pacientes.

Se estima que entre 2,4 y 3 millones de personas podrían vivir con migraña en Chile. Sin embargo, esta cifra corresponde sólo a una aproximación, ya que no existe un registro nacional de personas diagnosticadas con esta enfermedad que permita dimensionar con precisión su impacto a nivel social y laboral, ni tampoco sus principales brechas de atención.

Esta patología neurológica es mucho más que un simple dolor de cabeza. Puede generar una alta discapacidad ya que, durante una crisis, las personas pueden experimentar dolor intenso, náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia, llegando en muchos casos a tener que suspender sus actividades habituales y permanecer en ambientes oscuros y silenciosos.

El efecto de una migraña puede extenderse más allá de las horas que dura una crisis, afectando el trabajo, los estudios, las relaciones familiares y la vida social, incluso cuando entre los episodios el paciente aparenta encontrarse completamente sana.

De hecho, un estudio realizado en pacientes chilenos estimó un 48% de deterioro de la productividad laboral total, incluyendo un 44% de reducción de productividad mientras se trabaja y un 11% asociado a ausentismo. Además, un 18% de los participantes había requerido una licencia médica durante el año previo debido a la migraña.

La enfermedad tiene, además, una marcada dimensión de género. En la edad adulta, la prevalencia puede ser aproximadamente dos a tres veces mayor en mujeres que en hombres, afectando especialmente a personas que se encuentran en etapas de alta actividad laboral, familiar y social.

A pesar de su impacto, la migraña continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada. Muchas personas pueden pasar años tratando sus síntomas mediante la automedicación y el consumo frecuente de analgésicos, sin acceder a una evaluación médica que permita determinar adecuadamente el origen de sus cefaleas.

“Lamentablemente vemos con mucha frecuencia que los pacientes se automedican con fármacos que no conocen del todo o que les sugieren cercanos o conocidos por experiencias similares, lo cual agrava el problema, predispone al paciente a sufrir complicaciones propias de los medicamentos y cronifica su dolor. La recomendación es que las personas busquen ayuda con un especialista que les pueda indicar un tratamiento que sea acorde a sus requerimientos, para poder así llegar a un buen resultado”, destacó el doctor Alex Espinoza, miembro de la Sociedad de neurología, psiquiatría y neurocirugía de Chile (Sonepsyn).

¿Por qué es necesario un registro nacional?

Para enfrentar esta problemática, se realizó la Mesa de Diálogo de Alto Nivel: “Explorando la política de migraña en Chile, América Latina y el mundo” en el Campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile, donde se reunieron autoridades, representantes de organismos internacionales, académicos y representantes de pacientes para analizar el estado de la agenda de la migraña a nivel nacional, identificar los desafíos pendientes y discutir oportunidades para fortalecer las políticas públicas asociadas a esta patología.

Entre los participantes destacó Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud; Giovanni Escalante, representante de OPS Chile; Fernando Araos, director ejecutivo del Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU); Carolina Neira, jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del MINSAL; Antonia Cancino, presidenta y fundadora del Club de la Migraña; y vía remota Karla Rubilar Barahona, directora de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile.

Uno de los principales desafíos para avanzar en políticas públicas efectivas es contar con información precisa. Sin embargo, actualmente no existe un registro nacional que permita conocer cuántas personas han sido diagnosticadas, cuáles son sus características, qué tratamientos reciben, qué dificultades enfrentan para acceder a atención y cuál es el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana y laboral.

Contar con un registro nacional de pacientes con migraña podría contribuir a dimensionar las necesidades sanitarias, identificar brechas de diagnóstico y tratamiento, orientar la asignación de recursos y generar evidencia para diseñar y evaluar políticas públicas.

“Tanto en Chile como en Latinoamérica, existe un mayor reconocimiento de la migraña como una enfermedad de alta severidad e incapacidad, lo que abre una oportunidad para avanzar en políticas públicas que beneficien a los pacientes. Si bien existe una ruta de trabajo proyectada hasta 2027, aún falta concretar acciones y fortalecer la generación de datos. El desafío es que este esfuerzo trascienda las organizaciones y se traduzca en un mayor compromiso del Estado, con acciones que mejoren el acceso, la atención y la cobertura para quienes viven con este problema”, aseguró Antonia Cancino, presidenta y fundadora del Club de la Migraña.

Es por ello que, durante la Mesa de Diálogo, se establecieron compromisos y próximos pasos, con el objetivo de transformar el debate en acciones concretas para fortalecer la agenda de migraña.

“Es muy positivo que autoridades, organismos internacionales, sociedades científicas y pacientes estén dando visibilidad a la migraña, una enfermedad que por años ha permanecido invisible. Necesitamos reconocer su impacto social, económico, laboral y familiar, y abrir una conversación más profunda entre pacientes y profesionales de la salud. Visibilizarla es el primer paso para generar mayor conocimiento, impulsar la investigación y avanzar hacia una atención más especializada y oportuna”, concluyó Eva María Ruiz de Castilla, directora ejecutiva de Latin American Patients Academy (APA).

Caja La Araucana lidera por tercer año consecutivo en Chile el NASA Space Apps Challenge. Desde Antofagasta hasta Punta Arenas, estudiantes, profesionales y emprendedores podrán participar gratuitamente en el encuentro.

Resolver en un fin de semana desafíos reales planteados por la NASA, utilizando datos abiertos y compitiendo junto a equipos de todo el mundo. Esa es la invitación de NASA International Space Apps Challenge 2026, la hackatón global organizada por la agencia espacial estadounidense que este año tendrá su mayor despliegue hasta ahora en Chile.

Por primera vez, la competencia se realizará simultáneamente en seis ciudades del país: Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas, ampliando significativamente su alcance regional.

Las inscripciones para participar se abren este 26 de agosto, mientras que la hackatón se desarrollará el 14 y 15 de noviembre de 2026, en paralelo con cientos de sedes alrededor del planeta.

La iniciativa será liderada en Chile, por tercer año consecutivo, por Caja de Compensación La Araucana, que mediante una alianza con el programa American Spaces coordinará una red de universidades e instituciones anfitrionas para acercar esta experiencia global a participantes de distintas regiones.

No hay que ser programador para participar

Aunque se trata de uno de los encuentros de innovación y tecnología más importantes del mundo, la convocatoria está pensada para mucho más que especialistas en programación. Pueden participar estudiantes desde los 12 años, universitarios, profesionales, emprendedores, científicos, ingenieros, diseñadores, comunicadores y personas provenientes de múltiples disciplinas.

El evento es gratuito y abierto a todo público, sin necesidad de ser afiliado a Caja La Araucana. Los menores de 18 años deberán contar con autorización de un adulto responsable.

Durante dos jornadas, los participantes formarán equipos y escogerán uno de los desafíos publicados por NASA Space Apps Challenge para desarrollar una solución utilizando información y datos abiertos.

Los proyectos más destacados de cada sede podrán ser nominados a la competencia global, donde la NASA selecciona a finalistas y ganadores internacionales.

“Cuando conectamos los talentos de nuestros territorios y los ponemos a disposición de los desafíos que plantea anualmente la NASA, abrimos posibilidades extraordinarias. Queremos que desde seis ciudades de Chile surjan ideas capaces de aportar a los grandes desafíos de la humanidad, demostrando que la innovación puede nacer en cualquier lugar y estar al alcance de todos”, señaló Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana.

El mayor despliegue de Space Apps en Chile

La edición 2026 marcará un salto en la presencia nacional del evento, con seis sedes en:

Antofagasta: Universidad Católica del Norte.

Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María.

Santiago: Parque Deportivo de La Araucana, La Florida.

Concepción: Universidad de Concepción.

Temuco: Universidad Autónoma de Chile.

Punta Arenas: Universidad de Magallanes.

Solo en 2025, el encuentro registró 114.094 participantes de 167 países y territorios, organizados en 18.860 equipos, que desarrollaron 11.511 proyectos en 551 sedes locales.

A lo largo de su historia, la iniciativa ha superado las 487 mil inscripciones y ha contado con participantes de más de 190 países y territorios.

Las inscripciones para NASA International Space Apps Challenge Chile 2026 comenzarán este 26 de agosto a través del sitio oficial spaceappschallenge.org.

Atropellos, caza ilegal, fragmentación de su hábitat y conflictos con la ganadería amenazan a una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas. Especialistas de la Universidad de Chile advierten que proteger al puma significa también resguardar extensos territorios y aprender a convivir con un animal que históricamente los ha habitado.

Desde el desierto hasta los bosques del sur y la Patagonia, el puma recorre buena parte del territorio continental chileno. Su extraordinaria capacidad para desplazarse y adaptarse a ambientes muy diferentes ha permitido que este gran felino sobreviva en extensas zonas del país, pero esa misma movilidad lo enfrenta hoy a un territorio cada vez más intervenido por carreteras, ciudades, actividades productivas y asentamientos humanos.

Atropellos, caza ilegal, pérdida y fragmentación de hábitat y conflictos asociados a la ganadería forman parte de las amenazas que enfrenta la especie. En el Día Internacional del Puma, especialistas de las facultades de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (FCFCN) y de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile explicaron por qué su eventual disminución tendría consecuencias que irían mucho más allá de la desaparición de uno de los animales más emblemáticos del país.

Un depredador que mantiene el equilibrio

El académico de la FCFCN, Dr. Benito González, explicó que el puma se encuentra en la cima de la cadena alimentaria en ecosistemas tan diversos como el desierto, la cordillera de los Andes, los bosques y la Patagonia.

“El puma es el depredador natural tope de los ecosistemas chilenos de desierto, cordillera andina, zonas boscosas y Patagonia”, señaló el especialista, destacando que ejerce un efecto en cascada al regular las poblaciones de las presas que consume.

Entre ellas aparecen especies nativas como pudúes, huemules, vicuñas y guanacos, además de animales introducidos como liebres y conejos. Al controlar poblaciones de herbívoros, su presencia puede repercutir indirectamente sobre la vegetación, mientras que los restos de sus presas sirven también de alimento para carroñeros como el cóndor andino.

La académica de Favet e integrante del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad, Constanza Cabello-Araya, agregó que los grandes territorios que requiere el puma para alimentarse, reproducirse, refugiarse y desplazarse hacen que su conservación obligue a mirar el paisaje de manera mucho más amplia.

Protegerlo significa también resguardar corredores biológicos, cuencas, ambientes cordilleranos y zonas de transición que son utilizadas por numerosas especies. Por ello, su desaparición de determinados territorios podría ser una señal de deterioro ambiental mucho más profunda.

¿El puma se acerca a las ciudades o las ciudades se acercaron al puma?

Uno de los puntos planteados por la especialista apunta directamente a la manera en que las personas interpretan los cada vez más comentados encuentros con estos felinos.

“Con frecuencia decimos que el puma ‘bajó’ o ‘entró’ a nuestros espacios, como si su presencia fuera una anomalía”, sostuvo Cabello-Araya. Sin embargo, esa mirada deja fuera otra interrogante: cuánto han avanzado las construcciones, cercos y actividades humanas sobre territorios que estos animales han recorrido históricamente.

La presencia de un puma cerca de sectores habitados puede provocar temor y conflictos, especialmente cuando existen animales domésticos o ganado. Pero los especialistas plantean que estos episodios no pueden atribuirse únicamente al comportamiento del felino. La fragmentación del hábitat, disponibilidad de presas, prácticas productivas y capacidad de prevención y respuesta también influyen en estos encuentros.

De allí que el desafío no pase simplemente por alejar al animal, sino por desarrollar estrategias que permitan compartir el territorio disminuyendo los riesgos tanto para las personas como para la fauna silvestre.

Qué hacer frente a un puma

Ante un encuentro, la recomendación es mantener distancia, no acercarse, no perseguir ni alimentar al animal y evitar acorralarlo. También se aconseja mantener a las mascotas bajo supervisión y contactar a las autoridades competentes.

En sectores rurales, avanzar hacia una mejor convivencia requiere fortalecer además las medidas preventivas, el monitoreo, la educación, los protocolos de respuesta y la protección del ganado y los animales domésticos.

La reflexión que deja el Día Internacional del Puma apunta así a una discusión mucho más amplia que la supervivencia de una sola especie. Como sintetizó Cabello-Araya, “cuidar al puma es, en definitiva, cuidar la integridad, conectividad y diversidad de los territorios que compartimos”.

La iniciativa invita a conocer los 46 parques nacionales de Chile y descubrir parte de la historia que ha marcado su creación a lo largo de estos cien años.

En el marco del Día Internacional de los Parques Nacionales la Academia Universitaria Austral de Áreas Protegidas y el Programa Austral Patagonia, ambos de la UACh, ponen a disposición dos e-Cursos para aprender sobre la historia de los parques nacionales, los tipos de áreas protegidas existentes y su función en la conservación del patrimonio natural y cultural nacional.

Los e-Cursos se enmarcan en la campaña “100 años de Parques en Chile” que conmemora el centenario de la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primero de Chile. Es una oportunidad para adentrarse en los ecosistemas y biodiversidad del país, y conocer la importancia de las áreas protegidas -como los parques y reservas nacionales- como figuras de conservación y desarrollo local.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de The Pew Charitable Trusts, ofrecerá 100 cupos gratuitos mensuales durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Sobre los e-cursos

Disponibles en www.academiauniversitariaaustral.cl se encuentran los e-Cursos “Áreas protegidas en Chile: qué son y cómo se organizan” y “Chile y la conservación: 100 años de decisiones para proteger el territorio”.

El primero aborda los distintos tipos de áreas protegidas que existen en el país, su ubicación y su función; mientras que el segundo propone un viaje por la historia de la conservación en el país, repasando algunos de los principales hitos que han marcado este proceso, las decisiones que han permitido avanzar en la creación de áreas protegidas, y el rol del Estado a lo largo de estos cien años.

Cada  e-curso tienen una duración aproximada de una hora y media, y se encontrarán disponibles para todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre las áreas protegidas de Chile. No es necesario ningún requisito previo para acceder a ellos o contar con conocimientos específicos en la materia.