- El diputado Alejandro Riquelme presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables.
- Se solicita citar a declarar a Jaime Bassa para que entregue antecedentes concretos sobre sus dichos.
- Riquelme advierte sobre la gravedad de la situación si las acusaciones públicas resultan ser infundadas.
El parlamentario por Magallanes presentó una denuncia contra quienes resulten responsables y pidió al Ministerio Público esclarecer las afirmaciones del diputado Jaime Bassa. Además, advirtió que sería de la mayor gravedad que estas resultaran infundadas, considerando que, según sostuvo, en la controversia se involucró incluso a un ministro de Estado.
El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, a raíz de las declaraciones del diputado Jaime Bassa sobre la presunta existencia de una red internacional de pedofilia con eventuales conexiones en Chile. La presentación solicita abrir una investigación y citar a Bassa en calidad de testigo para que precise los antecedentes que sustentan sus afirmaciones y entregue cualquier información relevante a la Fiscalía. Las declaraciones fueron realizadas el pasado 27 de octubre durante un punto de prensa en el Congreso Nacional, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Frente a estos antecedentes, Riquelme calificó las afirmaciones como especialmente graves y sostuvo que corresponde determinar si existen elementos que permitan respaldarlas. “Las afirmaciones del diputado Bassa son de la mayor gravedad. Sostener públicamente que existiría una red internacional de pedofilia con presencia en Chile exige esclarecer si cuenta con antecedentes concretos que respalden semejante afirmación”, señaló. En esa línea, agregó que “por eso hemos presentado esta denuncia y solicitado expresamente que se abra una investigación, que se le cite a declarar y que entregue todos los antecedentes que supuestamente obran en su poder”.
En su presentación, el parlamentario acompañó un registro audiovisual de las declaraciones y solicitó que la Fiscalía consulte a Bassa qué hechos específicos sustentan sus dichos, cuáles son sus fuentes y si dispone de documentos, comunicaciones o registros que permitan identificar a posibles integrantes de la supuesta red, eventuales víctimas y conexiones con Chile. Asimismo, pidió esclarecer si esa información fue entregada previamente a algún organismo investigador. “Si dispone de información sobre una red de esta naturaleza, es fundamental que la entregue al Ministerio Público para que se investigue y se proteja a las posibles víctimas”, sostuvo. Además, añadió que “una afirmación de esta gravedad requiere esclarecer sus fundamentos y determinar si existen hechos constitutivos de delito”.
Riquelme también advirtió sobre las consecuencias que podrían tener estas declaraciones si no existieran antecedentes que las respaldaran, especialmente considerando las alusiones a autoridades de Gobierno surgidas durante la controversia. “Si la Fiscalía determina que la denuncia pública del diputado Bassa es infundada y que no existen antecedentes que la respalden, estaríamos ante una situación de la mayor gravedad, especialmente porque en esas declaraciones se involucró incluso a un ministro de Estado”, afirmó. En ese sentido, agregó que “vincular públicamente a personas con hechos de esta naturaleza exige contar con fundamentos concretos. Por respeto a las posibles víctimas y a la honra de quienes han sido aludidos, es indispensable esclarecer estas afirmaciones”.
Finalmente, la denuncia precisa que Riquelme no cuenta con antecedentes propios que acrediten la existencia de la supuesta organización y que su presentación se fundamenta en las declaraciones públicas de Bassa. Por ello, la acción busca que el Ministerio Público recabe la información disponible, determine si existen hechos constitutivos de delito y establezca las eventuales responsabilidades. El parlamentario insistió en que la investigación debe permitir esclarecer la veracidad de las afirmaciones y resguardar tanto a las posibles víctimas como a las personas mencionadas en la controversia, sin dar por acreditada la existencia de la presunta red.